Buscan sancionar a funcionarios que causan quebrantos económicos en ayuntamientos

Martes, 22 de Marzo de 2011 06:48

Buscan sancionar a funcionarios que causan quebrantos económicos en ayuntamientos 

por  La Unión de Cuautla

Además de acciones de la ASF, se buscan sanciones severas para frenar la corrupción.
Debido a que las acciones de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) no han sido suficientes para frenar la corrupción y los abusos de las autoridades municipales, en breve será presentada una iniciativa de ley para castigar civil, penal y administrativamente a los malos servidores públicos que dejan endeudados a los ayuntamientos.

Así lo dio a conocer la síndico de Cuautla, Juanita Guerra Mena, quien aseguró que la irresponsabilidad de las pasadas administraciones municipales dejó sumamente endeudado al municipio, sin que alguna autoridad haga algo para sancionarlos. Mientras tanto, son los ciudadanos los que siguen pagando esos pasivos y sufriendo por falta de servicios públicos eficientes.

En Cuautla, donde la irresponsabilidad de anteriores alcaldes ha ocasionado arrestos administrativos en contra de las actuales autoridades, se busca también inhabilitar a ex alcaldes o ex regidores, quienes, pese a su mala administración, se atreven a buscar nuevos cargos de elección popular como ocurre con Arturo Cruz Mendoza, quien fue presidente municipal hace dos periodos y dejó la mayor deuda de la historia del municipio y ahora disfruta de una regiduría, junto con Ricardo Calvo Huerta.

Guerra Mena dijo que “no solamente es cuestión que sancione la Auditoría Superior de Fiscalización; también que exista en la Ley de Sanción a Servidores Públicos para que cuando salgan adquieran las deudas de manera personal”. Apuntó que será el Congreso del Estado el que tenga que valorar esta iniciativa para que por fin se pueda sancionar “a aquellos servidores que dejan endeudado al municipio y que por una mala administración se acarrean responsabilidades y por lo tanto, deben ser sancionados civil, penal y administrativamente”.

Enfatizó que los malos funcionarios públicos deberán ser inhabilitados para que no vuelvan a causar daños a la ciudadanía y para que no hagan del servicio público un negocio que hasta ahora les ha dejado jugosas fortunas.

 

Ordena el TCA arresto del alcalde y síndico de Tlaquiltenango

Jueves, 13 de Enero de 2011 06:02

Ordena el TCA arresto del alcalde y síndico de Tlaquiltenango

por  Maciel Calvo

Desacatan indemnización y reinstalación de un ex policía.
El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ordenó el arresto del presidente y del síndico municipal de Tlaquiltenango por desacato a una sentencia que ordena indemnizar y reinstalar a un ex policía.

Mediante un oficio fechado el 10 de enero de 2011, el TCA solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para ejecutar el arresto por 36 horas del alcalde Jorge Martínez Urioso y del síndico procurador del municipio, Humberto Prudencio Ríos Flores, ambos de extracción perredista.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa, el TCA tiene facultades para aplicar medidas de apremio y disciplinarias para hacer cumplir sus resoluciones. Las medidas van desde una amonestación hasta el arresto y el auxilio de la fuerza pública.

El arresto de los dos servidores públicos fue ordenado debido a que incurrieron en reiterada resistencia para cumplir con la sentencia del expediente TCA/2aS/11/08 por no indemnizar con la cantidad de 309 mil 986 pesos al policía Óscar Bastida Zúñiga, quien fue despedido tras haber sufrido un accidente durante el cumplimiento de su deber, y negarse a reinstalar al ex agente en un puesto acorde a la discapacidad física que padece derivada del riesgo del trabajo sufrido.

De acuerdo con la defensa del ex policía, el TCA había agotado algunas medidas de apremio y disciplinarias sin éxito, pero el Ayuntamiento de Tlaquiltenango mantuvo su postura de desacato a la sentencia del tribunal administrativo.

Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública está obligada a auxiliar al TCA para llevar a cabo a la brevedad el arresto del presidente municipal y del síndico procurador. Los funcionarios podrían evitar el arresto sólo si cumplen de inmediato con la sentencia u obtienen una suspensión de un juzgado federal contra la medida.